El control de precios no es una idea nueva ni una genialidad moderna. Lleva cuatro milenios aplicándose con el mismo resultado: el gobierno fija un precio máximo para un bien básico y, al poco tiempo, genera desabastecimiento. Lo documentaron bien Schuettinger y Butler: desde Hammurabi hasta la Revolución Francesa o Nixon, la economía no se cambia a golpe de decreto.
Si la ley te obliga a vender a 8 algo que cuesta 10 producir o con una rentabilidad que supone un coste de oportunidad, simplemente dejas de venderlo. Nadie pierde dinero por patriotismo. Pasó con el grano en Roma, con el pan en la Francia revolucionaria y pasa hoy con los topes al alquiler. El precio real no desaparece: se convierte en escasez, colas y mercado negro.
Ahora bien, fracasar con el control de precios no significa que el mercado libre sea perfecto. Los defensores del laissez-faire radical usan estos fallos para justificar cualquier abuso, olvidando que la competencia perfecta solo existe en la teoría. Sin regulación, el capitalismo tiende de forma natural a los cárteles y oligopolios.
Ya lo avisó Adam Smith en La riqueza de las naciones: cuando los empresarios de un mismo sector se juntan, casi siempre acaban conspirando para subir precios. Smith no era un dogmático, sino un pragmático que entendía que el mercado necesita protección frente a las propias empresas.
Cuando un sector clave (energía, banca, vivienda) se lo reparten tres o cuatro actores, la regla cambia. El precio deja de depender de la oferta y la demanda para convertirse en una extracción de rentas. Si un oligopolio dispara sus márgenes en un bien de primera necesidad, no es «libre mercado», es abuso de posición dominante sobre una demanda que no puede elegir (la gente no puede dejar de comer, encender la luz o tener techo).
El error histórico ha sido pasar de un extremo a otro, es decir, de la torpeza de fijar precios por decreto destruyendo la oferta a la pasividad absoluta dejando bienes esenciales en manos de oligopolios.
La regulación inteligente no consiste en castigar al comerciante, sino en romper las estructuras que distorsionan el precio. Y la mejor herramienta cuando un oligopolio se enroca no es prohibir, sino competir.
El Estado puede saltar al terreno de juego como un actor más (como se ha hecho en banca pública o vivienda social). Una empresa pública no busca maximizar beneficios, sino cubrir costes y fijar un precio de referencia real. Eso no destruye la oferta, la aumenta. Y obliga al oligopolio a bajar márgenes o perder clientes.
La lección de cuatro milenios de historia no es que el Estado deba inhibirse, sino que debe intervenir respetando la lógica económica. El precio es una señal de escasez y costes. Manipularla por decreto genera desabastecimiento, pero dejar que la manipulen cuatro corporaciones es regalar la soberanía económica.
Como exconsultor de pricing, me niego a los controles de precios. Pero no puedo ignorar que hoy hay bienes con precios absurdos que no responden al mercado, sino a una pura anomalía económica.
