«Japonización» de la economía global: lo que Japón lleva haciendo desde los años 90 y ¡Ahí está!
Durante décadas, Occidente miró a Japón con una mezcla de condescendencia y alivio. Cuando se les pinchó la gran burbuja inmobiliaria y bursátil a principios de los noventa, las autoridades de Tokio montaron un experimento financiero sin precedentes: tipos de interés al cero, el Banco de Japón (BoJ) comprando bonos soberanos e incluso renta variable a manos llenas, y un volumen de deuda pública sobre el PIB que superó el 250%. En Washington, Londres y Frankfurt la lectura era unánime: un desastre de gestión económica que había condenado al país a un estancamiento interminable y a una deflación crónica.
El tiempo se ha encargado de desmontar esa supuesta superioridad moral. Tras el varapalo de la Gran Crisis Financiera de 2008 y el despliegue de estímulos por la pandemia en 2020, los países avanzados no solo dejaron de criticar la receta nipona, sino que la copiaron punto por punto. La famosa «japonización» de la economía global dejó de ser una anomalía rara para transformarse en la regla del sistema monetario actual.
El motivo de esta capitulación es bastante simple: cuando el endeudamiento de una economía -sumando sector público y privado- cruza ciertos umbrales, el libre mercado deja de ser un mecanismo viable para poner precio al crédito estatal. Si los tipos a largo plazo respondieran libremente al riesgo real de impago o a la oferta desmedida de bonos que emiten los gobiernos, los costes de refinanciación devorarían los presupuestos nacionales. El pago de intereses aplastaría cualquier margen para sanidad, educación o infraestructura.
Ante este abismo, los bancos centrales cambiaron radicalmente de papel. La prioridad estratégica dejó de ser el control estricto de la masa monetaria o la obsesión por una cifra de inflación, pasando a ser la sostenibilidad fiscal del Estado. Programas que nacieron con carácter de urgencia, como la compra masiva de deuda (QE) o los mecanismos de contención de primas de riesgo en la Eurozona, son la versión occidental del Control de la Curva de Rendimientos que ideó el BoJ.
Esta arquitectura descansa sobre la dominancia fiscal y la represión financiera. Al forzar que los tipos de interés nominales se mantengan por debajo de la inflación real, se ejecuta una transferencia silenciosa de renta desde los ahorradores e inversores tradicionales hacia los deudores. En lugar de pagar los compromisos financieros con superávits fiscales o reformas estructurales -algo políticamente inviable en democracias con gastos sociales crecientes-, la deuda se diluye con el tiempo erosionando el poder de compra de la moneda.
El problema de este esquema es que no elimina el riesgo; solo lo desplaza en el tiempo y lo acumula en los balances de los bancos centrales. Al dejar el coste del capital en niveles artificialmente bajos, se rompe el proceso de destrucción creativa. Las empresas ineficientes o «zombis» sobreviven gracias al crédito barato, restando recursos a proyectos más productivos y frenando el crecimiento potencial. Además, la liquidez atrapada en el sistema busca refugio en activos financieros e inmuebles, encareciendo la vivienda y ensanchando la brecha entre quienes poseen patrimonio y quienes dependen únicamente de un sueldo.
Existe, además, un factor crítico que suele pasarse por alto: Japón pudo aguantar esta dinámica durante tres décadas porque era el mayor acreedor neto del mundo, respaldado por un exceso de ahorro interno dispuesto a financiar al gobierno a cambio de rentabilidades ínfimas. Occidente no cuenta con ese colchón. Con déficits gemelos estructurales y una fuerte dependencia del capital extranjero, aplicar la plantilla japonesa evita el colapso inmediato, pero deja a la política monetaria atada de pies y manos, condenando la economía a un ciclo permanente de anestesia y bajo crecimiento.
